Cadem: 94% está en desacuerdo con que se entreguen pensiones de gracia a víctimas del estallido social que tenían condenas por delitos violentos
En el caso de personas que no tengan antecedentes, pero hayan sufrido daños por parte del Estado en el contexto del estallido social, 46% está de desacuerdo y 49% de acuerdo con que reciban el beneficio, especialmente los jóvenes (68%), Santiago (58%) e identificados con la izquierda (74%), según Cadem.
37% cree que el Presidente Boric es el principal responsable en la entrega de las pensiones de gracia otorgadas a personas que tenían condenas por delitos violentos y 51% rechaza la posibilidad un Presidente de la República tenga en cualquier contexto esa atribución.
Por su parte, en la primera semana de febrero, 33% (+1pto) aprueba y 62% (+1pto) desaprueba la gestión del Presidente Boric, sin cambios significativos.
En otro tema, 95% está de acuerdo con que los parlamentarios se realicen de forma obligatoria el test de drogas en caso de ser sorteados y 91% no cree que debieran tener la posibilidad de negarse a realizar al test. 77% considera que la pena para un parlamentario que consume droga debiese ser la expulsión y el 98% opina que debiese ampliarse a otras autoridades políticas.
Pensiones de gracia
80% ha oído hablar sobre las pensiones de gracia y 51% no está de acuerdo con que el Presidente de la República tenga la atribución de entregarlas.
88% apoya que personas que se encuentran incapacitadas para ejercer un trabajo remunerado reciban pensiones de gracias, 85% opina lo mismo cuando se trata de personas afectadas por una catástrofe o accidente extraordinario y 54% cuando se trata de personas que hayan prestado un servicio distinguido al país.
83% supo o escuchó hablar sobre los errores detectados en la entrega de pensiones de gracia otorgadas a personas víctimas del estallido social que tenían condenas por delitos violentos.
94% rechaza que víctimas del estallido social que tenían condenas por delitos violentos reciban pensiones de gracia y 80% se opone en el caso de una persona que haya sido declarada culpable de una violación pero que perdió un ojo por la acción de carabineros durante el estallido social.
En el caso de personas que no tengan antecedentes, pero hayan sufrido daños por parte del Estado en el contexto del estallido social, 49% apoya que reciban el beneficio, mientras 46% está en desacuerdo.
En tanto, 37% cree que el Presidente Boric es el principal responsable de los errores detectados en la entrega de las pensiones de gracia, 20% no ve responsabilidades individuales y lo califica como un problema administrativo y 18% responsabiliza al Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Test de drogas
81% supo o escuchó hablar del del test de drogas que se realiza periódicamente y de forma aleatoria a parlamentarios y 95% está de acuerdo con que se realice de forma obligatoria.
Además, 91% no cree que los parlamentarios debieran tener la posibilidad de negarse a realizar el test y 98% piensa que incluso debería ampliarse a otras autoridades como el presidente y sus ministros.
Sobre la pena que debería recibir un parlamentario que consume drogas, 77% cree que debería ser expulsado de su cargo.
En cuanto a implicancias del consumo de drogas, 73% no cree que una autoridad que consume marihuana pueda cumplir correctamente sus funciones y el porcentaje sube a 97% cuando se trata del consumo de cocaína.
66% está en contra de legalizar el consumo de marihuana recreativo para mayores de 18 años. Los únicos segmentos donde quienes están de acuerdo superan a los que se oponen son los jóvenes (54% vs 45%) y las personas que se identifican con la izquierda (62% vs 38%).
Evaluación de instituciones
Bomberos ocupa el primer lugar con 98% de aprobación, seguida por la PDI con 86% (+2pts) y la Fuerza Aérea con 82% (+6pts).
Más atrás se ubican la Armada (81%, +4pts), Carabineros (79%, -2pts), el Registro Civil (78% +3pts), el Ejército (74%, -2pts), el Servel (68%), el Banco Central (59%, -3pts), el Consejo para la Transparencia (56%, +2pts) y las empresas privadas (51%, +1pto).
Con menos del 50% de aprobación se encuentran la Tesorería General (49%), la Contraloría (48%), las empresas públicas (48%), los medios de comunicación (48%, +4pts), la CMF (47%, +2pts), el SII (45%, -1pto), las municipalidades (44%, -9pts), los gremios empresariales (44%), las fundaciones y ONGs (40%, -2pts), el Instituto Nacional de Derechos Humanos (39%), la CUT (36%, +2pts), la Fiscalía (36%, -4pts), el Tribunal Constitucional (35%, +5pts), la Defensoría Penal Pública (35%, -4pts) y la Iglesia Católica (35%, -4pts).
En los últimos lugares están los Tribunales de Justicia (30%, -2pts), la ANFP (29%, +3pts) y el Congreso (22%).
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