Luis Pardo, diputado: “La irrupción de las redes sociales genera una grave distorsión del debate público”

Luis Pardo recibió el reconocimiento de los avisadores en 2016, siendo presidente de la ARCHI, por su compromiso con la libertad de expresión y su destacada trayectoria radial y gremial.

 

Desde el 2018, Luis Pardo es diputado por el Distrito 6, que considera comunas del interior de la Región de Valparaíso. En ese cargo continúa defendiendo la libertad de expresión y el rol de los medios de comunicación, a los que siempre ha estado ligado, siendo también presidente de la Federación de Medios de Comunicación Social en 4 períodos.

 

¿Cuál es su lectura del momento que vive el país?

Es un momento muy complejo, que se viene gestando desde hace bastante tiempo a partir de la crisis de confianza en las instituciones, cuya legitimidad está en entredicho por los sucesivos escándalos que transversalmente han golpeado a las instituciones políticas, empresariales, eclesiásticas y militares, entre otras. En una democracia, son las instituciones políticas las que deben procesar y resolver las diferencias, las demandas y las necesidades de la sociedad, y eso no ha sido posible frente al denominado “malestar social” que se manifestó en octubre, dado el desprestigio de las instituciones políticas, en especial.

 

¿Cuál es su visión de lo que será este año y los desafíos que enfrentamos como país?

La pandemia vino a cambiar bruscamente la agenda. Si en octubre la pregunta era cómo resolvíamos las demandas sociales en materia de pensiones, acceso a la salud y la educación y recuperación de la confianza en las instituciones, por citar lo principal, hoy día la prioridad es vencer la pandemia en lo sanitario, para lo cual la vacuna es sin duda una gran noticia para Chile, ya que logramos anticiparnos y asegurar un abundante suministro. Paralelamente, el desafío será mantener las ayudas económicas mientras sea necesario, pero orientando progresivamente los esfuerzos a recuperar la economía y el empleo, que es el principal desafío.

 

Entre tanto, la pregunta de octubre subsiste en segundo plano, y a medida que retorne la normalidad volverá a instalarse, pero con un país que habrá consumido buena parte de sus reservas y su capacidad de endeudamiento en sortear esta pandemia y la recesión económica que la acompaña. Contener las expectativas y concordar un camino de largo plazo será el gran desafío político.

 

¿Qué espera del proceso constitucional y el contenido que debiera recoger la nueva Constitución?

Espero que el proceso constituyente recoja la tradición constitucional chilena en materia de libertades civiles y derechos humanos fundamentales, como las libertades de expresión, de culto, de asociación, entre otras, y genere las condiciones para que la persona humana, que es anterior al Estado, tenga las condiciones y garantías para desarrollarse, para crear y para construir su propio proyecto de vida. Los derechos sociales garantizados, que serán probablemente uno de los temas más debatidos, deben quedar explicitados en la Constitución, pero sujetos a la ley, de manera que la deliberación política vaya materializando progresivamente los avances sociales de acuerdo con la realidad del país y no se genere una judicialización inconducente. Espero también que el rol de la iniciativa privada y la sociedad civil sea debidamente resguardado, y que no se caiga en la tentación de crear una supremacía del Estado que ahogue la creatividad y el dinamismo de una sociedad civil libre, autónoma y robusta para emprender y contribuir.

 

¿Cuál es su evaluación del estatus actual de la libertad de expresión y los desafíos que enfrenta, así como la situación de los medios?

La libertad de expresión goza en Chile de buena salud en lo formal: hay libertad para fundar y operar medios, hay regulaciones acotadas en materia de la libertad de expresión comercial y no existen formas de censura previa. Sin embargo, la irrupción de las redes sociales genera una grave distorsión del
debate público. El espacio público se ha fragmentado y desdibujado, generando bolsones de grupos de interés que se retroalimentan a sí mismos, sin que se confronten las ideas en un espacio de deliberación común. Esta dinámica ha arrastrado a los actores políticos, incrementando los niveles de polarización y reduciendo la deliberación pública a una lluvia de slogans y descalificaciones mutuas, sin que el debate logre llegar más allá de los titulares, que además se suceden a una velocidad vertiginosa.

 

En ese contexto, el creciente consumo de redes sociales, las cuales a su vez responden a la lógica de sus propios algoritmos y a los criterios editoriales y comerciales de las respectivas plataformas, debiera llevarnos a fortalecer la industria de medios nacionales, equiparando la cancha en materia tributaria y de las numerosas cargas impuestas a los medios bajo paradigmas ya obsoletos. Si las grandes plataformas compiten con los medios nacionales en audiencia y en comercialización de publicidad, debiera generarse las condiciones para una libre competencia real y leal. Si el Estado no quiere o no puede imponer similares cargas a la competencia internacional, tendría que revisar las cargas que pesan sobre la radio, la televisión y la prensa escrita y ajustar algunas regulaciones o derechamente compensar a los medios nacionales, si realmente queremos tener medios nacionales y locales autónomos que alimenten un espacio y un debate público indispensable para la democracia.

 

¿Qué prioridades legislativas visualiza para este año y que tendrían efecto en el ámbito de las comunicaciones comerciales?

En el ámbito de las comunicaciones comerciales no se ven proyectos de le específicos, salvo alguno relacionado con la publicidad de bebidas alcohólicas. Sin embargo, hay una creciente tendencia a tratar de controlar el lenguaje público, imponiendo determinadas visiones de sociedad. Es el caso por ejemplo de la ley que sancionaba la incitación a la violencia y que derivó en la pretensión de sancionar el negacionismo. En ambos casos, incitación a la violencia y negacionismo, se establecía una responsabilidad solidaria de los medios que habría implicado una suerte de censura previa, toda vez que los medios -para no exponerse penalmentehabrían eludido determinados temas de debate o evitado determinados entrevistados.

 

Algo similar se insinúa en legislaciones que ya se han intentado en materia de género, por ejemplo, respecto de la publicidad comercial. Si se llegara a prohibir, por ejemplo, contenidos sexistas o de violencia de género –materia por cierto muy difícil de definir y regular por ley– y se hace solidariamente responsables a los medios por exhibir ese tipo de contenidos, se estaría induciendo a los medios a censurar determinados avisos y generando un ambiente de incerteza bastante complejo.

 

En ese contexto, me parece fundamental fortalecer la autorregulación e intensificar los esfuerzos de la industria para anticiparse a escenarios legislativos que puedan socavar la libertad de expresión en cualquiera de sus formas.

 

Luis Pardo en terreno

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