Fernando Mora
Presidente de ANDA

De un camino pleno de incertidumbre hacia el corto y mediano plazo, tenemos ya la primera respuesta: el país entró de lleno en un proceso constitucional que debiera llevarnos en un plazo de alrededor de 2 años a contar con una nueva Constitución.

Evidentemente, se trata de un proceso del que nadie puede restarse, donde todos los sectores están llamados a aportar sus ideas con altura de miras y en un clima de diálogo constructivo, como esperamos que se desarrolle el debate.

Como avisadores, estamos plenamente dispuestos a aprovechar las instancias de participación que debieran darse para plantear nuestros puntos de vista y aspiraciones frente a la redacción de esta Carta Magna, las que fundamentalmente se dirigen a resguardar la libertad de expresión comercial y de todo tipo, el respeto por la autorregulación, la libertad de emprendimiento y, en general, reglas claras y estables para los negocios, el desarrollo de actividades comerciales y empresariales y la vida en sociedad.

Recientemente, en la prensa se abordaron las ideas del cientista político y economista James Robinson, profesor de la Universidad de Chicago y director del Instituto Pearson para el Estudio y Resolución de Conflictos Globales. Con especial interés por estudiar las circunstancias de América Latina y África, se pregunta qué diferencia a países ricos de países pobres, y llega a la conclusión de que no es la cultura, la geografía o los recursos naturales, sino la estabilidad, fortaleza y honestidad de sus instituciones, que velan por el cumplimiento de reglas claras, predecibles e iguales para todos.

Hay aquí un insight que no podemos perder de vista. Todos debemos velar por que en la nueva Constitución se consagren instituciones fuertes, transparentes y justas, imprescindibles para el progreso de una nación, como apunta claramente el profesor Robinson.

En esta encrucijada de nuestra historia, tenemos la oportunidad de hacerlo muy bien o perder el rumbo tristemente. De nada servirá una exhaustiva lista de derechos en el papel pero que en la práctica no puedan ser cumplidos por debilidad institucional.

Tenemos fe en Chile y en que seremos capaces de conducir este proceso de forma razonable, transparente, participativa y equilibrada. Anhelamos una Constitución que respete la libertad de comunicarnos con las personas y darles a conocer productos y servicios que son un  aporte para sus vidas. Dar la cara frente al consumidor tiene un alto valor, nos hace más confiables, las personas saben quién está detrás de lo que consume y pueden pedir explicaciones frente a cualquier dificultad.

Creemos firmemente en la autorregulación, que en nuestra industria funciona exitosamente hace más de 30 años, con la participación de todos los actores y un nivel altísimo de acatamiento,  fomentando permanentemente buenas prácticas y aprendizajes. Esperamos que se acojan estos principios en la redacción de este documento fundamental para nuestra vida en sociedad, y para ello trabajaremos sin descanso