Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción

Antonio Errázuriz, presidente de la cámara chilena de la construcción, advierte que muchos proyectos esperan certidumbres para ponerse en marcha.

Antonio Errázuriz asumió este año como presidente del gremio de la construcción, con la expectativa de sumar voluntades, tanto al interior como fuera del gremio, para que el país enfrente unido la grave crisis que le afecta –“una de las mayores de nuestra historia”, acota– y que pueda superarla lo antes posible.

“Entre los requisitos básicos para que ello ocurra, destacaría tener paz social y volver a crear empleo. En el caso de nuestra industria, esto último pasa por asegurar la continuidad de las obras de construcción, dado que el cumplimiento del protocolo sanitario que se aplica en éstas ha hecho que presenten una tasa de contagio muy por debajo de la que se registra a nivel nacional”, precisa.

Otra de sus metas es profundizar la labor social que realizan los empresarios  de la construcción a través del gremio, y continuar impulsado el desarrollo empresarial sostenible para mejorar los vínculos con trabajadores, proveedores, clientes, vecinos y la comunidad en general, así como la relación de la industria con el medio ambiente.

¿Hasta qué punto llega el impacto que ha sufrido el sector por esta crisis?

Nuestra industria está sufriendo el doble impacto de la crisis social y de la pandemia, lo cual provocó, primero, una fuerte caída en el ingreso de nuevos proyectos por el ambiente de inestabilidad que se instaló en el país, en especial por la violencia que afectó a muchas ciudades. Y después llegó el Covid, que ha causado la paralización de proyectos en construcción.

De hecho, en el peak de la pandemia, se detuvieron más de 900 proyectos habitacionales, lo que implicó la pérdida de 380.000 puestos de trabajo y serios problemas para la estabilidad de las empresas del sector y de las que conforman su cadena de valor, desde grandes proveedores de materiales de construcción hasta pymes que entregan servicios de alimentación. Actualmente ya no hay proyectos detenidos en la Región Metropolitana, pero a nivel nacional registramos cerca de 170 obras que están en esta condición, lo que afecta a alrededor de 60.000 trabajadores.

¿Cómo están enfrentando esta situación?

Primero, nos enfocamos en proteger la salud de los trabajadores, de sus familias y de los vecinos mediante la creación de un sistema de gestión sanitaria, que se basa en un Protocolo Sanitario y que incluye además mecanismos de control de cumplimiento y un canal de comunicación con la comunidad. El Protocolo contiene un conjunto de medidas elaboradas con la Mutual de Seguridad y validadas por las autoridades para reducir el riesgo de contagio en las obras, creando además las condiciones para que éstas tengan continuidad en forma segura. Hoy podemos decir que casi el 100% de nuestros socios que tienen centros productivos se ha comprometido formalmente con su cumplimiento.

En paralelo, pusimos en marcha un programa de apoyo integral al trabajador cesante, que busca “acompañarlos”, por ejemplo, a través de una línea telefónica en que pueden encontrar contención y apoyo sicológico; “orientarlos”, por medio de un equipo de asistentes sociales que les facilita el acceso los programas del Estado, y “ayudarlos” con un aporte solidario mensual para cubrir gastos de primera necesidad. Hasta ahora hemos entregado más de 117.000 atenciones, habiendo un grupo de importante de trabajadores a los que los hemos apoyado ya por tres meses consecutivos.

¿Cómo proyectan el futuro inmediato, ven que el sector puede reactivarse rápidamente?

En estos tiempos, el futuro –incluso el futuro inmediato– es muy incierto. Es verdad que han disminuido las comunas en cuarentena y que fuera de éstas las obras no tienen restricciones –más allá del cumplimiento del Protocolo Sanitario–, pero la recuperación va a ser más lenta de lo que todos quisiéramos porque muchas de ellas no van a partir sin la seguridad de que no volverán a ser paralizadas, por los costos que esto significaría. Además, el número de trabajadores en las obras será menor que antes de la pandemia, dada la necesidad de mantener un adecuado distanciamiento.

Por otra parte, no vemos que se vaya a producir un inicio masivo de nuevos proyectos, en especial de inversión privada, por la misma razón que explicaba antes y porque necesitan de ciertas condiciones de borde para empezar a desarrollarse, como es que esté garantizado, al menos, el orden público.

La reactivación del sector va a venir dada más bien por el plan “Paso a Paso, Chile se Recupera”, el que fue anunciado por el Gobierno el 16 de agosto e involucra una inversión pública por US$ 34.000 millones para el período 2020- 2022 –asociada mayormente a proyectos de infraestructura y vivienda– e incentivos y facilitaciones para el desarrollo de la inversión privada. Ahora bien, para que este plan dé los resultados esperados, hay que hacer un gran esfuerzo para que las licitaciones se lleven a cabo a tiempo y la ejecución de las obras no enfrente mayores problemas.

¿Cómo proyectan el próximo año, aun cuando se mantienen muchos elementos de incertidumbre?

Precisamente son esas incertidumbres las que impiden proyectar con seguridad lo que será el próximo año. El consenso que existe a nivel internacional y local es que tanto la economía como la inversión y la actividad en nuestro sector debieran reputar el 2021. Pero todo depende de cómo siga evolucionando el tema sanitario. Si habrá o no rebrotes, la magnitud de éstos, las medidas que se tomen para combatirlos, la posibilidad de contar con una vacuna… son temas que no tienen una respuesta precisa y que pueden tener un gran impacto en lo que nos pase como sociedad el próximo año.

Además, nuestro país estádebatiendo aspectos que son centrales para su desarrollo, que inciden en las expectativas y, por ende, en las inversiones. Por lo mismo, aprovecho de hacer un llamado: que este proceso de revisión, perfeccionamientos y cambios lo llevemos adelante con mucho diálogo, con altura de miras y construyendo acuerdos, priorizando el bien común y las urgencias de los grupos más vulnerables. Tengo confianza en que así será, pero ello demanda el compromiso activo de todos los actores sociales. Ésta es una causa de la que nadie se puede restar.