El cisne negro chileno

Claudio Hohmann 

La teoría del cisne negro fue desarrollada por el filósofo e investigador libanés Nassim Taleb y se refiere a un suceso que es totalmente  sorpresivo y fuera del ámbito de las expectativas regulares, de alto impacto y que es explicado en forma retrospectiva como si hubiera sido predecible o dando la impresión de que se esperaba que ocurriera. Esta metáfora es aplicada por el consultor y ex ministro de Estado Claudio Hohmann para los sucesos desatados desde el 18 de octubre pasado.

 

Usted ocupa la metáfora del cisne negro para decir que no hubo señales que permitieran predecir la ocurrencia del estallido social tal como fue, ¿cuáles son los elementos que lo han hecho llegar a esa conclusión?

 

Si antes de octubre usted miraba los resultados de múltiples estudios de opinión, que no son pocos, un estallido social de las características del que hemos vivido en Chile simplemente no aparecía en el radar.La encuesta del CEP de mayo de 2019, seis meses antes del 18 de octubre, no muestra señal alguna de semejante amenaza. Mostraba síntomas preocupantes, es cierto, como por ejemplo una profunda caída de la confianza en el sistema político, pero nada en esa encuesta le permitía a un observador agudo presagiar los hechos de aguda violencia que se desatarían seis meses después y que son una parte central del estallido social. Tampoco la concentración de más de un millón de personas que tuvo lugar en Santiago el viernes 25 de octubre. Esto fue un auténtico cisne negro, en el sentido que la probabilidad que se le podía asignar antes de octubre a un estallido de esta magnitud en Chile era virtualmente cero. Por lo demás, hay que decir que este tipo de episodios son muy difíciles de predecir. Son cisnes negros por definición, como fue el Caracazo o la caída del Muro de Berlín.

 

¿Qué lectura hace del fenómeno desatado a partir del 18 de octubre?

 

Se trata sin duda de un episodio muy grave, uno que marcará el devenir del país en las próximas décadas. Todos los chilenos que lo hemos vivido día a día, sin descanso, lo vamos a recordar como un hitode nuestra historia personal y de la historia del país. Porque, impensadamente para un Chile que se creía próximo al desarrollo, ha asomado el riesgo de un retroceso, incluso de lo inimaginable como sería el quiebre de nuestra convivencia democrática. De pronto, los acontecimientos nos han puesto al frente de una dura realidad, la de una insospechada debilidad de nuestras instituciones y de un deterioro alarmante de la política en un contexto de una desigualdad sentida o percibida que hizo crisis en 2019.

 

¿Qué visión tiene del proceso constituyente que se está iniciando, post fenómeno del “Cisne Negro”?

 

Lo que el estallido social ha producido es un descomunal vacío de poder, algo que se ve con muy poca frecuencia en las sociedades modernas. La deslegitimación del sistema institucional y político es muy profunda. En estos casos, crece el riesgo que se llene de una forma no contemplada en la institucionalidad. Algo de eso vemos en el conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento, con este último imponiendo en los hechos una suerte de parlamentarismo. Pero, por otro lado, nos hemos dado un itinerario acordado por la mayoría de los sectores políticos que tiene un amplio apoyo y, que si lo aquilatamos bien, es todo lo que tenemos para salir de este embrollo, hablo del plebiscito del 26 de abril y la elección de una Convención Constituyente en octubre en caso que ganara el sí.

 

¿El cumplimiento de este itinerario resolvería el vacío de poder?

 

Por supuesto que sí. La elección de una Convención lo resolvería en buena medida al concentrar sobre ella un poder que ninguna autoridad política tiene hoy. Ni más ni menos que el poder de definir las cuestiones principales por las que nos regiríamos en las próximas décadas. No es posible exagerar la importancia de ese acuerdo de la madrugada del 15 noviembre que, en la última hora, cuando parecía que ardía Chile por los cuatro costados, trazó una ruta de salida institucional para el grave momento por el que pasa el país.

 

¿Cómo compatibiliza lo ocurrido con “el sueño chileno de los grupos medios”?

 

En una desafortunada secuencia, como pocas, las dos expectativas que abrazaron los grupos medios en los últimos años, la superación de la desigualdad prometida por Bachelet en su segundo gobierno y el retorno a la senda la prosperidad, para lo que fue elegido Piñera por segunda vez, se frustraron a medio andar. Ha sido un desengaño duro para una clase media que se hizo grande y creció vigorosamente con el consumo. Pero cuando éste se volvió moroso, para usar una palabra de Carlos Peña, asomaron con nitidez las heridas de la desigualdad que todavía nos aqueja. El sueño chileno de los grupos medios de pronto se tronchó por causa de una economía que dejó de crecer, y con ella el empleo y el consumo, y una desigualdad cuyos dolores se dejan sentir con más fuerza en ausencia del consumo, que por años operó como un bálsamo para la inequidad social.

 

¿Cómo evitar un nuevo cisne negro, y cómo conectar a la clase política y los líderes con la ciudadanía?

 

Una buena parte del problema está en la clase política cuya legitimidad cayó a unos niveles que resultaban preocupantes hace ya un tiempo largo. Sin embargo, la elección de Piñera por un 55% de los votos pareció que era una reconexión con las necesidades de la clase media, después de cuatro años de bajo crecimiento. La instalación del gobierno y sus primeros meses es uno de los mejores períodos por el que ha pasado el país en mucho tiempo. Todos los indicadores eran positivos y había un optimismo desbordante. Eso se mantuvo hasta pasado el invierno de 2018, muy poco tiempo atrás desde el punto de vista de los procesos sociales, lo que demuestra que en esto hay también una dimensión material, porque hacia fines de ese año y ya en pleno 2019 se enfría la economía y la promesa de tiempos mejores se comienza a desvanecer. Hasta que sobreviene el estallido social que, contra lo que podríamos esperar, no ha generado liderazgos políticos hasta ahora, lo que indica que la falta de conexión de la ciudadanía con la política persiste y no será fácil recomponer esa relación.

 

¿Cuál, a su juicio, debería ser el rol de la empresa en esta nueva realidad, especialmente de aquellas que realizan inversión en marketing y comunicación comercial?

 

Las empresas se tienen que hacer cargo del nuevo relato que se ha instalado en el país, el del abuso. En ese relato transversal, quiéranlo o no, ocupan un lugar protagónico desde que el movimiento estudiantil instaló la noción del lucro como un abuso, que aunque asociado en un inicio al sector de la educación, se extendió rápidamente a otros servicios y productos provistos por el sector privado. El estallido social profundizó esa percepción de ilegitimidad. En consecuencia, las empresas enfrentan un desafío mayor y muy exigente, que no es otro que relegitimizarse ante sus clientes, pero también ante la sociedad toda.

 

¿Cómo las empresas pueden avanzar hacia una mayor empatía y rol social, qué tiene que decir la tecnología en esto?

 

Mi mejor recomendación es abandonar la estrategia del silencio o del bajo perfil que han cultivado muchas empresas en nuestro país. Vea usted lo que sucedió con las AFPs, es un ejemplo extremo. Tienen que contar sus historias, que en la mayoría de los casos son muy buenas historias. Sin las empresas, nuestra calidad de vida sería pésima. Es lo que han descubierto los ciudadanos que se abastecían en supermercados que fueron incendiados y que todavía no vuelven a la operación. La verdad es que el valor que nos entregan las empresas es extraordinario, pero no lo debemos dar por descontado como si fuera el aire, hay esfuerzo, dedicación, cultura corporativa, enormes riesgos que toman los empresarios. Bueno, todo eso hay que contarlo una y otra vez, con eficacia comunicacional, lo que por supuesto debe apoyarse en las tecnologías de la información del siglo 21. El silencio es la peor estrategia en un mundo en el que alguien está siempre listo para llenar ese vacío comunicacional y no son precisamente los amigos de las empresas.

 

¿Qué importancia asigna a que una eventual nueva Constitución respalde con claridad a la propiedad privada y libertad de expresión?

 

La propiedad privada y la libertad de expresión son derechos consagrados en todas las democracias del mundo. Cuando se los limita hablamos de autoritarismo o dictadura. Si ganara el Sí en abril y en octubre se eligiera una Convención Constituyente, francamente no creo que estos derechos vayan a resultar restringidos en una nueva Carta Fundamental. Creo que la discusión va a centrarse más bien en los derechos sociales, que algunos entienden bajo el enfoque social-demócrata, esto es, como directrices para las políticas públicas, mientras otros los conciben como derechos que serían reclamables ante los tribunales. La inclusión de derechos sociales es la pelea que van a dar quienes aspiran a terminar con el neoliberalismo inherente a la Constitución que nos rige, pero no da lo mismo cuál de las dos opciones se podría imponer.

 

A su juicio, de acuerdo a las demandas sociales existentes, ¿cuáles son prioritarias para avanzar en recuperar la senda de desarrollo y estabilidad social?

 

Creo que hay dos prioridades: las pensiones y la salud. Aunque claramente las demandas sociales no se limitan a estas dos, la relevancia que la sociedad les asigna, de acuerdo a diversos estudios de opinión pública, hace que deban ser atendidas primero que otras. Dicho de otro modo, si no avanza significativamente en esos frentes, y es lo que está haciendo el gobierno, sería muy difícil superar la situación de movilización social que estamos experimentando desde el 18 de octubre. Sin embargo, el verdadero problema es que la ciudadanía perciba que las reformas que se han estado aprobando, que no son pocas, satisfacen sus demandas. Se trata de un desafío comunicacional de alta exigencia para las autoridades.

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