El abogado Javier Cerón explica los desafíos que enfrenta la aplicación de esta normativa y el monitoreo de la discusión global sobre el mejor modelo de tributación para plataformas digitales.

Cualquier persona que haya tenido contratados servicios internacionales tan populares como Netflix, Amazon Prime o Spotify, habrá notado que, desde mediados del año pasado, éstos aumentaron sus valores porque empezaron a cobrar IVA. Esto sucedió porque en junio entró en vigencia la legislación que impuso este tributo, dictando que los proveedores de servicios digitales sin domicilio ni residencia en Chile, deberán cumplir con su obligación de declarar y pagar el IVA a los servicios digitales que incorporó la Ley N°21.210.

Así, el país se puso al día con la necesidad de gravar estos servicios que representan un desafío tributario en todo el mundo, donde aún persiste la discusión sobre el mejor modelo de tributación para aplicar en estos casos. Es por ello que cada país ha optado por diferentes alternativas, como explica Javier Cerón, socio del estudio Cariola Díez Pérez-Cotapos, quien hace un repaso de la aplicación de la normativa.

Esta tributación es especialmente importante para el mundo del marketing, pues tiene incidencia en los aspectos tributarios de la publicidad que se hace en plataformas internacionales como Google y Facebook, entre otras.

¿Cómo ha funcionado, en la práctica, el sistema de impuesto a los servicios digitales?

La decisión que adoptó nuestro país de gravar los servicios digitales con Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA) ha sido acatada por los contribuyentes (tanto locales como extranjeros), quienes se han esforzado por entender y cumplir esta nueva normativa, lo cual ha derivado en que, en líneas generales, el sistema funcione correctamente.

Sin embargo, tal como ha ocurrido con otros sistemas implementados en Latinoamérica, los problemas comienzan a manifestarse a medida que el sistema se aplica día a día. A mí me parece que los principales problemas derivados de la aplicación de esta nueva normativa dicen relación con su coordinación con otras normas tributarias, algunos de los cuales se podrían solucionar por la vía legislativa y otros por vía administrativa.

Por lo que, si bien el sistema ha funcionado de manera correcta, existen puntos perfectibles, especialmente en la coordinación de normas, que permitirían un cumplimiento y una fiscalización más eficientes y eficaces por parte de los contribuyentes y del Servicio de Impuestos Internos, respectivamente.

¿Ha habido cambios en la discusión internacional sobre esta materia?

La discusión internacional se mantiene en marcha y, si bien no hay fecha cierta para arribar a una solución final, el objetivo último sigue siendo el mismo, esto es, lograr una solución transversal y de consenso que permita abordar a largo plazo los desafíos de la digitalización de la economía.

Esta solución de consenso aún no se ha alcanzado, por lo que un gran número de países han optado “temporalmente” por soluciones unilaterales, gravando principalmente con IVA los “servicios digitales”. En Latinoamérica, si bien las legislaciones presentan diferencias, podemos observar que han optado por aplicar IVA países como Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Chile; mientras que Perú ha preferido gravarlo con impuesto a la renta.

Asimismo, hemos observado países que han optado por gravar los “servicios digitales” tanto con IVA como con impuesto a la renta. Tales son los casos de México, Paraguay y Uruguay. Mi impresión, y entiendo que así también lo ha manifestado el Ministerio de Hacienda, es que la solución de IVA adoptada por Chile se mantendrá hasta que no haya un consenso mundial sobre la materia.

¿Se han dado situaciones complejas que han dificultado cumplir con la normativa?

El sistema ha funcionado generalmente bien, pero hay puntos que se podrían mejorar, así como también sería relevante reducir los costos de cumplimiento de los contribuyentes y de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos.

En este sentido, hemos observado, por ejemplo: (i) problemas en la identificación del impuesto aplicable
(impuesto adicional o IVA) respecto de pagos por programas computacionales, por servicios de telecomunicaciones, por los denominados cloudbased services o servicios de computación en la nube, cuando éstos son prestados por un domiciliado o residente en el extranjero a un domiciliado o residente en Chile; (ii) un aumento en el costo de determinados servicios contratados por PYMES, los cuales inicialmente se encontraban exentos de impuestos y ahora se gravan con IVA; (iii) dificultades para identificar de forma clara y precisa al sujeto del impuesto y las obligaciones de los contribuyentes y, en caso de existir, de sus intermediarios (por ejemplo, el caso de los
Marketplace); y (iv) también existen dificultades en la aplicación de las presunciones de utilización de los servicios en Chile, que incluso podrían gravar servicios prestados y utilizados fuera del territorio
nacional.

Estas dificultades en la aplicación de la normativa requieren ser solucionadas en el corto-mediano plazo, pero siempre teniendo presente que el IVA a los “servicios digitales” es una solución temporal y
que lo óptimo sería que la solución definitiva debiese ser transversal y de consenso con los demás países.

¿Con esta normativa quedó zanjado por el momento el tema en Chile, o se visualizan cambios o incorporaciones al sistema tributario de servicios digitales?

Respecto de algunos servicios digitales en específico, me parece que el IVA que introdujo la reforma tributaria se va a mantener por un tiempo, sin perjuicio de algunas aclaraciones, adecuaciones y modificaciones a la normativa de IVA e Impuesto a la Renta que ya se vislumbran como necesarias. Pero respecto al desafío general de la economía digital, me parece que hay mucho todavía por discutir y trabajar, especialmente ahora que la pandemia reveló que es efectivamente posible trabajar desde prácticamente cualquier lugar del planeta. Chile está bien posicionado y pendiente de la discusión global. Los que vienen van a ser años muy interesantes para los que seguimos este debate.

Javier Cerón, abogado y socio del estudio Cariola Díez Pérez-Cotapos

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